La Primera División de El Salvador ha confirmado que el Hércules cuenta con la autorización necesaria para inscribirse de manera provisional en el torneo Clausura 2026.
Esta resolución se dio a conocer a través de un documento oficial emitido por el Comité de Competición de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), permitiendo que el equipo inicie los trámites administrativos para competir en el próximo certamen.
Aunque el Hércules ha logrado dar un paso administrativo importante, su futuro inmediato aún pende de un hilo legal. Según la resolución, el club cumplió satisfactoriamente con los requisitos formales de participación para la temporada 2025/2026 bajo el marco del Comité Ejecutivo.
Sin embargo, el Comité fue enfático al señalar que esta autorización es provisional, quedando estrictamente sujeta a la resolución de la situación jurídica que rodea actualmente a la institución.
El trasfondo de la condicionalidad jurídica reside en un fallo adverso contra el club por incumplimiento contractual. Las autoridades determinaron que, contrario a lo alegado por el Hércules, sí existía un vínculo legal vigente con los jugadores Álex Larín y Ezequiel Rivas.
Como consecuencia, la institución ha sido sancionada y obligada a cancelar la totalidad de los contratos de ambos futbolistas, una cifra que podría superar los 90 mil dólares, monto que representa un desafío financiero mayor para asegurar su permanencia definitiva en la liga.
La resolución aclara que el Hércules se encuentra bajo los efectos de una sentencia del Tribunal de Arbitraje de la FESFUT, la cual todavía no tiene carácter de ‘firme’. Debido a que los plazos legales para su cumplimiento siguen vigentes, la inscripción se ha otorgado con carácter estrictamente provisional.
El futuro del equipo en el Clausura 2026 dependerá directamente de que la institución acate las obligaciones financieras (el pago a Larín y Rivas) una vez que el proceso arbitral agote todas sus instancias y la sentencia sea definitiva.
El panorama para el Hércules es de ‘todo o nada’. La FESFUT ha sido tajante al advertir que el incumplimiento de la sentencia definitiva no solo invalidaría su inscripción, sino que activaría protocolos de sanción severos.
Bajo la normativa nacional e internacional (FIFA), el club podría enfrentar la prohibición de competir en el Clausura 2026 e incluso la desafiliación definitiva, lo que significaría la pérdida de su categoría y su existencia legal en el fútbol federado.
